Hace 10 años, en la municipalidad de Olopa (Chiquimula), se aprobó una licencia para la extracción de antimonio por 25 años a nombre de American Minerals S.A. Esto se hizo sin haber consultado previamente a las comunidades que serían afectadas por dicho proyecto minero. Desde 2016 las comunidades, que en aquel entonces eran parte de la Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND), han exigido el cierre del proyecto, pues supone un grave problema ambiental con serias repercusiones en la salud de las personas, así como en la cosmovisión del pueblo maya, para el cual el cuidado de la naturaleza es de suma importancia.
La llegada de la minería
Autoridades Ancestrales del Consejo Indígena de Olopa y otras personas de las comunidades señalan que la explotación minera en este territorio llegó hace aproximadamente 35 años. La comunicadora comunitaria Norma Sancir, que desde hace años informa de las luchas del pueblo Ch’orti’, nos comparte que en aquel entonces se trataba de minería artesanal. Mucha gente de las comunidades trabajaban allí sin saber el impacto ambiental que se generaría a largo plazo, pues entonces no había mucha información ni medios de comunicación, “pero años después cuando la mina quedó en manos de la empresa, esta ingresó maquinaria pesada y bajaron el cerro, ahí la gente se preocupó”2.
Ubaldino García, líder comunitario de Olopa nos cuenta lo que su padre presenció: “cuando la minería empezó vinieron personas diciendo que esto iba a ser una cooperativa, para que la comunidad lo aprobara, pero en realidad nunca perteneció a la comunidad, siempre fue privado. En ese entonces el mineral estaba a flor de tierra y como no había carretera lo sacaban a lomo de bestia. Luego empezaron a hacer túneles. El registro más antiguo de solicitud de licencia es de 1987, ya que la ley de minería en Guatemala es de 1985, pero en ese entonces los mineros no lograron la licencia y aún así siguieron explotando ilegalmente. Desde siempre las comunidades estuvimos en resistencia”3.
El Observatorio de Industrias Extractivas registró en 2007 una licencia de explotación “solicitada por Guillermina Esperanza Guzmán Landaverry, la licencia originalmente buscaba la extracción de oro, plata, cobre, platino, plomo, zinc y antimonio. 4 meses después, se solicitó el cambio a sólo antimonio”4. La licencia fue aprobado en 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, sin haber consultado a la población afectada, tal y como obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
